el silenci de la por, 10

 

LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

por Francisco Moreno Sáez

Universidad de Alicante

Introducción:

(…)

Las características fundamentales de la represión desatada por los sublevados fue que esta se hizo dirigida y controlada totalmente por las autoridades militares, aunque fuese llevada a cabo en ocasiones por fuerzas paramilitares y, sobre todo, su persistencia durante muchos años, hasta sus últimos días, con diversas intensidades. Era una política para el presente y para el futuro, con el objetivo de acabar con el enemigo, de descabezar sistemáticamente las organizaciones políticas y sindicales de la clase obrera y de los republicanos.

Ya Mola exigía “una acción extremadamente violenta” para garantizar el triunfo de la sublevación y “castigos ejemplares” para quienes se opusieran al golpe de estado y Franco dijo que “en una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los Ejércitos enemigos que deje al país infectado de adversarios”. Cuando pronunció su discurso de fin de año, en diciembre de 1939, el dictador aseguró que

“Es preciso liquidar los odios y pasiones de nuestra pasada guerra. Pero no al estilo liberal, con sus monstruosas y suicidas amnistías, que encierran más de estafa que de perdón, sino por la redención de la pena por el trabajo, con el arrepentimiento y la penitencia; quien otra cosa piense, o peca de inconsciencia o de traición. Son tantos los daños ocasionados a la Patria, tan graves los estragos causados en la familia y en la moral, tantas las victimas que demandan justicia, que ningún español honrado, ningún ser consciente puede apartarse de estos penosos deberes” .

Desde el mismo momento de la sublevación militar, hubo en la España franquista, una represión irregular y otra canalizada a través de Consejos de Guerra y numerosas leyes. La primera se produjo, sobre todo, durante la guerra: ejecuciones sumarias en descampado, dejando a las víctimas en las cunetas, someramente enterradas -muchas de las cuales siguen ahí, tantos años después-; detenciones ilegales, “paseos”, torturas, todo ello ejecutado, siempre bajo la supervisión del ejercito, por milicias, sobre todo falangistas, y las propias fuerzas militares. No cabe tampoco, pues, hablar aquí́ de grupos incontrolados, pues el control del Ejército era absoluto. Muchas de estas víctimas no tuvieron tumbas ni siquiera una inscripción en el lugar donde yacen y apenas ha quedado, y no siempre, el rastro de su nombre en las listas de represaliados que se van conociendo. Mientras que la represión republicana fue muy publicitada y aireada por los vencedores, en la prensa, en cementerios y la vía pública, en la misma Causa General, en multitud de libros y folletos, y en las aulas, estas matanzas de republicanos asesinados y enterrados en cualquier parte fueron cuidadosamente ocultadas por el Estado franquista y los familiares de esas víctimas ni siquiera ahora, cuarenta años después de reinstaurada la democracia, han podido recuperar sus cuerpos y darles una digna sepultura.

La segunda, que fue la predominante una vez acabada la guerra y llegada “la paz”, se efectuó́ mediante los Consejos de guerra, la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo y otras muchas leyes posteriores, que fueron cambiando a lo largo del franquismo, pero manteniendo siempre una característica, que ha señalado Julio Aróstegui: la represión durante el franquismo fue la pieza fundamental sobre la que se apoyó y en torno a la cual se articuló el sistema.

La dictadura franquista cumplía tres requisitos para elevar la represión a la categoría de sistema: la brutalidad ejercida en el proceso de la toma del poder, al margen de la legalidad y conculcando todos los derechos civiles y políticos; la expresa voluntad de permanecer en el poder y de eliminar cualquier tipo de resistencia, por lo que la represión fue una operación diseñada a largo plazo, y finalmente una vez asegurado el poder y eliminada la oposición, el ejercicio de un férreo control social. Según Vicente Gabarda, en el País Valencià los tribunales franquistas resolvieron los expedientes de más de 280.000 detenciones llevadas a cabo solo entre 1939 y 1940. No hay que olvidar que la provincia de Alicante fue tomada militarmente por el que se denominaba Ejército de Ocupación y que, en realidad, el ejército siguió actuando como si no hubiese terminado la guerra, controlando totalmente la represión, aunque contase con la ayuda de milicias falangistas, confidentes y denunciantes.

Hay que recordar que, pese a la apariencia de legalidad de los Consejos de Guerra o del Tribunal de Orden Público, después, las actuaciones judiciales condenaban a muerte o a muchos años de prisión a miles y miles de personas sin contrastar pruebas o declaraciones contradictorias, en aras de la rapidez y “ejemplaridad” que exigían los sumarísimos y la voluntad de las autoridades franquistas de destruir todo lo que la República había significado.

Una buena prueba de esa falta de interés de los Consejos de Guerra por conocer la verdad y su carácter puramente vindicativo la tenemos en la actitud misma de los miembros de esos Tribunales, incluyendo a los defensores, el escandaloso descuido que presentan los documentos y las sentencias de dichos Consejos -incluso cambiando los nombres de los reos de unas páginas a otras- y las acusaciones generales de haber pertenecido “a partidos de izquierdas” o ser “de filiación sindical izquierdista”, sin concretar más, y sobre todo en ese empeño -contrario a toda realidad política- en denominar como “marxistas” a todos cuantos defendieron a la República, con lo que, por otro lado, contribuían a mantener el mito creado por ellos mismos de que los militares se habían alzado contra la revolución comunista que se habría producido, según ellos, ya antes de julio de 1936.

El franquismo, a través de sus leyes represivas y de una constante vigilancia policial de cualquier disidencia y resistencia a la instauración y el mantenimiento de su dictadura, provocó en los vencidos un estado de miedo permanente: ir o volver a la cárcel, la marginación social, la prohibición del ejercicio de multitud de libertades y Derechos Humanos, la opresión cotidiana contribuyeron a que ese terror fuese interiorizado por los vencidos, de modo que incluso mucho tiempo después de muerto el dictador, todavía muchas personas no se atrevían a hablar de la represión franquista. De ese terror solo cabía la posibilidad de evadirse mediante el alejamiento de la política y la actitud sumisa ante el Nuevo Estado. A partir de 1947, porque ya se había producido en su mayor parte la represión de los vencidos y para mejorar la imagen internacional del Régimen, descendió́ el papel de la Justicia Militar, aunque sin dejar de constituir siempre una amenaza, y se acudió́ a otros mecanismos de control social como la libertad vigilada, la censura de la correspondencia, el sistema policial, el miedo a las denuncias, etc.

Según Glicerio Sánchez Recio, la represión del franquismo no fue solo un arma de guerra, sino que tenía la función de eliminar los obstáculos que se opusieran a amoldar a la sociedad española a imagen y semejanza de la dictadura. Es decir, sirvió́ para destruir las prácticas sociales y la pluralidad política de la República y para restaurar un determinado orden político, económico, social, religioso y también de género. Muchos actos criminales realizados en la represión republicana fueron castigados con la muerte o la cárcel, pero de los llevados a cabo por los militares sublevados y por el franquismo nadie ha tenido que dar cuentas ni ante la Justicia ni siquiera de manera simbólica.

Si analizamos los motivos por los que miles y miles de republicanos fueron condenados a muerte o a penas de cárcel, observaremos que -salvo en lo relativo al incendio de iglesias, imágenes religiosas y objetos de culto- actos similares fueron realizados por los militares sublevados y sus milicias: hubo registros e incautaciones de propiedades de entidades y particulares, milicias que detuvieron a personas que fueron después asesinadas, exaltación de la propia Causa y denostación de la de los enemigos, desempeño de cargos directivos en multitud de organismos, apoyo intelectual -mediante la prensa, la radio o los mítines- a la victoria de “los nuestros”, incorporación voluntaria a filas, etc. En definitiva, podríamos decir que, como suele ocurrir en todas las guerras, los hechos que fueron considerados delitos muy punibles en los vencidos, fueron considerados méritos entre los vencedores. Recordemos que, por su labor de localización y detención de “rojos”, entre abril y julio de 1939, la Centuria “Ramón Laguna”, compuesta por falangistas madrileños y de Callosa de Segura, fue premiada con la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de Alicante, dos años después.

La represión franquista no fue una simple prolongación de la guerra civil durante cierto tiempo, sino algo más complejo, persistente y duradero, ligado al intento de restauración de una sociedad tradicional y a la instauración de un Estado dictatorial, en el que había una abierta brecha entre los vencedores, que recibieron todo tipo de honores y prebendas, y los vencidos, excluidos y marginados de la vida civil durante muchos años. En resumen, la represión franquista, además de las condenas a muerte, en palabras del historiador Vicente Vega Sobria: “encarceló a casi un millón de españoles -en campos de concentración, prisiones habilitadas, Batallones de trabajadores, Colonias penitenciarias militarizadas-, forzó́ al exilio a otro medio millón, destituyó a más de doscientos mil empleados públicos, expropió los bienes o multó a otros tantos, y coaccionó los comportamientos de una inmensa mayoría, a la que dejó paralizada por el terror de los primeros momentos. Ese es el debe en la cuenta del régimen de Franco, cuarenta años de represión, de todo tipo, perfectamente planificada, estructurada y jerarquizada. Desde el proceso de depuración del empleado municipal de más bajo rango del ayuntamiento más pequeño de Soria o Segovia al catedrático de la Universidad de Madrid o Barcelona, todo estaba organizado para que en cualquier rincón de España se sintiera el peso y la autoridad de una dictadura vengativa”

El derecho al conocimiento de lo ocurrido y a recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista y de cuantos para escapar a ella tuvieron que marchar al exilio es una obligación ética y política de un sociedad democrática, pues se completará así́ la visión de conjunto de una tragedia colectiva, asumiendo y reconociendo lo sucedido como una parte de nuestra historia, por triste e incómoda que sea. “

El dissabte 19 de febrer de 2022, a les 18h, a l’aula Feixa Baixa del museu de Ca n’Oliver, les nostres companyes Roser Tosquella, Loles García i Fina Guasch participaran en una xerrada col·loqui sobre els silencis i la por.