El 31 de
agosto de 1931, Marcelino Domingo le pedía a Miguel de Unamuno, presidente del
Consejo de Instrucción Pública para que preparase una ley que sustituyese a la
obsoleta Ley de Moyano, que databa de 1857. El Ministro le pedía al catedrático
de la Universidad de Salamanca que la ley favoreciera el establecimiento en
España de la escuela única. El Consejo encargó a Lorenzo Luzuriaga la redacción
de un proyecto de ley basado en la escuela única. En dicho proyecto se establecía que
la educación debía basarse en los siguientes principios:
La educación pública es esencialmente una
función del Estado.
La educación pública debe ser laica.
La educación pública debe ser gratuita,
especialmente en la enseñanza primaria y media.
La educación pública debe tener un
carácter activo y creador.
La educación pública debe tener un
carácter social, por lo que se articulará un sistema de participación entre las
representaciones sociales diversas y la escuela.
La educación pública debe atender
conjuntamente a los alumnos de uno y otro sexo, haciendo de la coeducación un
principio pedagógico aplicable a todos los grados de la enseñanza.
La educación pública constituye un
sistema unitario.
El profesorado
de la educación pública constituye un todo orgánico. Siendo una la función
educativa, uno debe ser también el profesorado, lo que significa que debe
recibir una preparación equivalente, asumir un trabajo docente similar y
análoga retribución.
Estos principios se consagraron en la
Constitución, aprobada el 9 de diciembre de 1931. Así, en su articulado establecía que:
Artículo 1º:
España es una República democrática de trabajadores de toda clase que se
organiza en régimen de Libertad y de Justicia.
Artículo 3º:
El Estado español no tiene religión oficial.
Artículo 48.
El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará
mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela
unificada.
La enseñanza
primaria será gratuita y obligatoria.
Los maestros,
profesores y catedráticos de enseñanza oficial son funcionarios públicos.
La libertad de
cátedra queda reconocida y garantizada.
La República
legislará en el sentido de garantizar a los españoles económicamente
necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle
condicionado más que por la aptitud y la vocación.
La enseñanza
será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará
en ideales de solidaridad humana.
Se reconoce a
las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus
respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.
El artículo 49 hacía referencia a la expedición
de títulos y el 50 a la enseñanza en las regiones autónomas, a la inspección
del Estado y a la expansión cultural de España en el extranjero.
“La escuela
fusilada” es un documental, dirigido por Iñaki Pinedo y Daniel Álvarez, de 52
minutos de duración sobre la represión y la depuración que sufrió la escuela y
los maestros republicanos durante y después de la Guerra Civil.
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ResponEliminaMuy interesante, y una pena que existiendo patrones con una eficacia más que probada perdamos el tiempo con inventos que llevan a la enseñanza al debacle en el que en estos momentos se ve inmersa.
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