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“Son cinco segundos por cerdo. Primero sacas la tripa, de unos 20 kilos. Luego, con el cuchillo rebanas el pulmón y tiras con fuerza. Entonces, hay que cortar la lengua y sujetarla con la mano izquierda para colgarla en un gancho. Si lo haces 10 veces seguidas, notas un cosquilleo en los brazos. Luego, poco a poco, empiezan a paralizarse y, en ocasiones, las uñas de las manos se van ennegreciendo hasta caerse. Cuando la cadencia es de 700 cerdos por hora, termina llegando el día en que no puedes mover el hombro.

Para este trabajo hay que estar en forma. Y no tener nada mejor. Emmanuel Kumi (47 años) dejó a su familia en Ghana y cruzó África andando. Cuando llegó a Marruecos, se embarcó en una patera rumbo a España con otros compatriotas. Desde 2005 trabaja en Esfosa, uno de los grandes mataderos de Vic donde, prácticamente, solo hay inmigrantes. Muchos llegaron como Emmanuel, otros saltaron la valla de Melilla. Pero la procedencia cambia por épocas y conveniencia: marroquíes, subsaharianos, rumanos, polacos... Ahora han llegado indios, como Surjit Singh, y hasta algunos chinos, como Xiao Pin, sentados en improvisada asamblea al lado de Emmanuel. Denuncian racismo, el exceso de horas y el trato indigno cuando enferman o tienen un accidente. Lo mismo piensan otros 20 compañeros entrevistados por EL PAÍS después de que hace dos semanas, por primera vez, se revolviesen contra los empresarios del sector cárnico catalán con dos días de huelga.

No sirvió de mucho. En lugar de negociar, John Bosco, un compañero senegalés de Emmanuel, terminó insultado y amenazado por su jefe. “Negro de mierda, te mandaré a África a que te mueras de hambre”, aseguran varios testigos que le lanzó Josep Ramisa, uno de los socios del matadero de cerdos Esfosa y uno de los grandes empresarios del sector porcino catalán: los llamados aristoncarnios. Julio Risque, otro trabajador que participó en la huelga, asegura que Ramisa también amenazó con pegarles “cuatro tiros”. Le denunciaron a los Mossos y el caso está pendiente de juicio. El empresario, condenado también por delitos medioambientales, ha rechazado hablar con este periódico.

El conflicto, denunciado desde hace tiempo en periódicos locales como El 9 Nou o Nació Digital, es solo una pequeña parte del problema social, laboral y medioambiental provocado por el crecimiento de la industria porcina (un 20% desde el comienzo de la crisis). El negocio —Cataluña es la principal productora de España, con el 43% del mercado y unos siete millones de cerdos—, en manos en otra época de pequeñas empresas familiares, pertenece hoy a seis o siete grandes grupos que acaparan las granjas, el pienso, el transporte, los mataderos y la distribución. Ya ni siquiera los ganaderos son dueños de los cerdos que engordan y han pasado a formar parte de un proceso al que eufemísticamente llaman “integración”. Como explica Josep Maria Llopart, payés de la zona, la materia prima del pienso viene de América, y en Cataluña se engorda, se mata y se manda al extranjero. “Y aquí nos quedamos con los purines”. Los exiguos y oscilantes márgenes no dan para más.

Los mataderos están formados casi íntegramente por población que apenas habla español y llega a cada turno en regueros de bicicletas desde el barrio del Remei de Vic. En Esfosa la mayoría tiene contrato indefinido. Pero en otros, como Le Porc Gourmet (Grupo Jorge), un recinto situado en Santa Eugenia de Berga donde se matan unos 14.000 cerdos al día, los empleados están contratados en régimen de cooperativistas, un sistema del que fue pionero Cataluña y se ha extendido a toda España en diferentes sectores. Suena bien, a copropiedad. Pero en realidad ninguno de ellos posee nada. Muchos ganan unos 800 euros de los que se les ha descontado la cuota de autónomos de 267 euros mensuales, la compra del material con el que trabajan, la suma mensual por estar en la cooperativa (50 euros) y el coste la limpieza de la ropa de trabajo. Además, pueden ser despedidos de un día para otro y carecen de representación sindical.

Al calor de esta indefensión, algunas mafias han aprovechado para comerciar con esos puestos de trabajo, según explica Said Belkacem,  extrabajador de Le Porc Gourmet despedido a mediados de febrero por participar en un paro. “Los jefes no creo que estén enterados. Pero el encargado sí lo sabe. Les cobran 500 euros por persona. Si no los pagas no entras. Durante un tiempo lo hacía una mujer china que trabajaba en la tripería y que daba el trabajo a otros compatriotas. También había un ghanés que se llamaba Patrick que cobraba dinero a otros paisanos para trabajar”, señala este extrabajador de Le Porc Gourmet. Según su versión, incluso hubo una persona de nacionalidad india que se dedicaba a lo mismo y que tiempo después fue asesinada en una reyerta a las puertas de otra de las grandes empresas del sector.

José Luis Tolosana, presidente de la cooperativa Taic (una de las dos que trabaja con Le Porc Gourmet), admite que recibieron hace dos años denuncias anónimas sobre el tema y que pidieron a los trabajadores, a través de cartas que debían firmar, que no lo tolerasen y lo denunciasen. En el documento, se advertía a los trabajadores -según recomendó la Policía Nacional, señalaba- de que no debían pagar a nadie por trabajar y que "querían cortar de raíz esos comportamientos". Desde entonces, asegura, no han vuelto a tener constancia de ello. José Miguel Torrecilla, portavoz de la empresa justifica el sistema de cooperativa, que utiliza gran pare de la industria del porcino. “El sistema debería mejorarse, pero no depende de nosotros como empresa. El cerdo sube y baja mucho, y hay épocas de pico en las que se necesita más gente. La cooperativa es la única manera de dar respuesta a esa demanda. Nosotros actuamos de acuerdo a la ley".

El problema transciende a la empresa. La alcaldesa de Santa Eugenia, Anna Franquesa, está muy preocupada con la situación, que ha generado problemas de convivencia en el municipio. "Aquí tenemos trabajando a gente en condiciones infrahumanas. Y por eso hemos ido al Parlament estamos en una mesa de trabajo con sindicatos, Generalitat y Caritas. El problema es que están amparados por la ley. El empresario me ha dicho que para él es complejo pasarles a régimen general porque les supone una gran pérdida", explica la regidora.

Esta situación es muy conocida en la comarca. Hace un año, los Mossos d'Esquadra desarticularon en la operación Pin-Su una red de tráfico y explotación de seres humanos vinculada a Baucells, una de las grandes empresas dedicadas al porcino en la zona (con sede junto al matadero de Esfosa). En la operación se detuvo a seis personas, la mayoría chinos, y al jefe de personal de la empresa, también imputado. La mafia de explotación había crecido gracias al sistema de trabajo temporal y cobraba a unos 300 compatriotas sumas de hasta 16.000 euros por un empleo. La deuda contraída se les iba deduciendo de sus raquíticos sueldos. El caso sigue en fase de instrucción en un juzgado de Vic.

Montse Castañé, del sindicato COS, es la presidenta del comité de empresa de Esfosa y responsable junto a sus compañeros que salga a la luz el trato que reciben los empleados de estas instalaciones. Lleva desde los 11 años con un cuchillo en la mano y un cerdo en la otra. Pero nunca había visto algo así. Según cuenta ella y todos los trabajadores consultados —la empresa no ha querido contestar a EL PAÍS—, cuando hay algún herido en la cadena, la empresa se niega a llamar a una ambulancia y les obliga a coger un taxi. Le sucedió al indio Surjit, padre de tres hijos, que tras su grave accidente, tuvo que volver andando a las cuatro de la madrugada del hospital a su casa. “La precariedad y el racismo son el principal problema. El otro día había un chico de Ghana que andaba encorvado y le pedí al encargado que lo sustituyese. Me contestó: ‘Es negro y acaba de llegar, que se muera”.

Sobrevivir al matadero

Daniel Verdú

El País, 14-04-2016